La soga al cuello de la universidad pública andaluza: el plan de Moreno Bonilla y Vox que beneficia a las privadas

La universidad pública andaluza atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. No se trata únicamente de un problema de falta de financiación o de un debate técnico sobre los presupuestos. Lo que realmente está en juego es el modelo de educación superior que tendrá Andalucía en los próximos años. Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Moreno Bonilla, reforzadas tras su acuerdo con Vox, apuntan hacia un escenario en el que las universidades públicas pierden capacidad mientras el sector privado encuentra un terreno cada vez más favorable para crecer. No existe un anuncio explícito de ese cambio de modelo. Se construye poco a poco, mediante presupuestos insuficientes, incumplimientos del sistema de financiación y decisiones políticas que reducen el peso institucional de la universidad pública. El resultado es un sistema universitario que funciona con enormes dificultades, obligado a dedicar sus esfuerzos a sobrevivir en lugar de invertir en su futuro. Mientras tanto, las universidades privadas continúan expandiéndose en un mercado educativo cada vez más rentable. Las consecuencias las pagan estudiantes, profesores, investigadores, personal técnico y administrativo y, en definitiva, miles de familias que confían en la universidad pública como herramienta de igualdad de oportunidades. La situación económica de las universidades públicas refleja con claridad este deterioro. Según los datos difundidos por los propios rectorados y publicado por La Voz del Sur, las universidades públicas cerraron el ejercicio 2025 con un déficit conjunto superior a los 57 millones de euros. Una cifra que evidencia que el problema no afecta a un campus concreto, sino a todo el modelo universitario público. La Universidad de Málaga registró el mayor déficit, con 18,8 millones. Le siguieron la Universidad de Sevilla, con 14,8 millones; las universidades de Cádiz y Córdoba, ambas con 4,4 millones; Almería, con 3,4 millones; la Pablo de Olavide, con 2,4 millones; Jaén, con 2,3 millones; y Huelva, con 1,8 millones. Los rectorados coinciden en el diagnóstico: la financiación autonómica resulta insuficiente para hacer frente al incremento de los gastos de personal, la inflación y el aumento de los costes de funcionamiento. La consecuencia inmediata es que muchas universidades se ven obligadas a utilizar sus remanentes de tesorería para pagar gastos corrientes tan básicos como las nóminas de sus trabajadores. Ese dinero debería destinarse a modernizar laboratorios, renovar edificios, mejorar equipamientos científicos o impulsar nuevos proyectos de investigación. Sin embargo, termina empleándose para garantizar el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Cuando ocurre eso, la primera víctima siempre es la inversión de futuro. La investigación es uno de los ámbitos donde este deterioro resulta más evidente. La Universidad de Granada, habitual referente en los principales rankings científicos nacionales e internacionales, quedó completamente excluida de la convocatoria de financiación para las Unidades de Excelencia Investigadora impulsada por la Junta de Andalucía. Ninguno de sus proyectos recibió financiación, mientras alrededor de 17 millones de euros de esa convocatoria ni siquiera llegaron a ejecutarse. El propio rectorado calificó aquella decisión de incomprensible. La Universidad de Sevilla también afronta dificultades para desarrollar proyectos estratégicos…

Fuente original: elplural.com