Uniformes, sindicatos y mando

Las imágenes del 14 de octubre en la Ciudad Universitaria de Madrid no se van a olvidar pronto. Agentes de la Unidad de Intervención Policial golpearon con porras a estudiantes y profesores frente a la Facultad de Ciencias Químicas. Llevaban una pancarta en defensa de la universidad pública con el grabado de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Ninguna metáfora preparada habría salido tan certera. La jornada terminó con cinco detenidos, varios heridos entre los manifestantes y dos agentes con lesiones leves. Ese mismo día la Complutense condenó lo ocurrido y dejó claro que no había pedido ni promovido la presencia policial en su campus. La Conferencia de Rectores dijo que esas cargas «chocan frontalmente con todo lo que representa un campus universitario». Puede que mañana nadie recuerde la Plaza de las Ciencias. Por eso hay que hablar ahora de lo que revela, que va más allá de una mañana concreta. El problema es estructural y tiene tres planos que conviene separar: el funcionamiento interno del cuerpo, el papel de los sindicatos policiales y la cadena de responsabilidad política, que está por encima de cualquier comisario. Una policía democrática se mide en su peor día Conviene empezar por lo obvio, porque en este debate lo obvio suele ser lo primero que se pierde. La inmensa mayoría de los agentes de la Policía Nacional hacen su trabajo con profesionalidad, muchas veces en condiciones duras y con salarios que no compensan el riesgo. Defender a la policía no exige callarse ante una mala actuación. Lo que exige es justo lo contrario. Una institución que no corrige sus errores los convierte en costumbre, y la costumbre acaba en cultura. La primera reforma tiene que ver con la proporcionalidad, que debe pasar de ser una palabra de manual a una regla que se pueda comprobar. Las unidades antidisturbios necesitan protocolos públicos y detallados sobre cuándo se encapsula a un grupo, cuándo se carga y cuándo se dispara material antidisturbios. También necesitan registros obligatorios de cada uso de la fuerza, revisados por alguien que no pertenezca a la propia unidad. El número de identificación tiene que ser visible y legible en todo momento, también en el chaleco y en el casco. Las cámaras corporales deberían ser obligatorias en los dispositivos de orden público, con una custodia de las grabaciones que no dependa de quien las graba. Si la actuación fue correcta, las imágenes protegerán al agente. Si no lo fue, protegerán al ciudadano. En los dos casos sale ganando la verdad. La segunda reforma es la de los controles. España sigue sin un organismo independiente que investigue las actuaciones policiales con autonomía real, como recomiendan desde hace años organismos europeos de derechos humanos. Hoy es la propia Policía la que investiga a la Policía. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidió una «investigación urgente» al jefe superior. Fue un gesto necesario, pero se queda corto. Ningún sistema serio de rendición de cuentas puede descansar únicamente en la buena voluntad de la…

Fuente original: elplural.com