Hazte Oír propone a Peinado que el Estado reclame una indemnización a Begoña Gómez

Después de más de dos años de polémica instrucción, el caso que rodea a Begoña Gómez recorre el final del camino antes de llegar al juicio oral, ante jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. Y entre estos últimos movimientos, el juez Juan Carlos Peinado y las acusaciones populares, que integran formaciones de ultraderecha, dan sus últimos coletazos para tratar de ampliar al máximo la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. En ese sentido, la asociación ultracatólica Hazte Oír trata de abrir un nuevo frente, inédito hasta el momento. Este nuevo paso, en el que la acusación pide que el Estado se persone en la causa en calidad de perjudicado por el papel que tratan de atribuirle a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, se dio en un escrito conocido este lunes. En él, la acusación unificada, que lidera la organización ultra, rebajó su petición de pena, de los 24 años de prisión que pedían inicialmente, a solicitar 13 años de cárcel para la mujer de Pedro Sánchez, de quien piden la declaración como testigo. Esta rebaja, en el marco del periodo abierto antes del juicio oral para reformular las acusaciones, responde a que la Audiencia Provincial rebajó considerablemente los delitos que se les imputan a los tres procesados: Gómez, Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien dejan fuera del caso. Pero de vuelta a esta nueva petición, los abogados de Hazte Oír piden a Peinado que abra la puerta a que el Estado pida una indemnización a Begoña Gómez. Lo argumentan en que las irregularidades que se investigan sobre la cátedra que codirigió la esposa del presidente afectaron a la Universidad Complutense de Madrid, centro público; pero también en el presunto uso del tiempo laboral de su asesora en la Moncloa para actividades de su ámbito privado, por el que se le acusa de malversación de fondos públicos, al tratarse de una trabajadora pagada con dinero estatal. Por ello, la acusación pide al juez que envíe sendos oficios, tanto a la universidad como a la Abogacía del Estado, para abrirles la puerta a ejercer la acción civil en el juicio y reclamar una indemnización a Gómez. En el caso de la Complutense, la acusación propone que reclamen más de 113.000 euros a la mujer de Sánchez, por la presunta apropiación fraudulenta del software de la cátedra, que constituye el otro delito de malversación del que la acusan. Cifran en esa cantidad el perjuicio, pero quedaría en manos de los magistrados que dirijan el juicio determinarlo. También es ambigua la cantidad en la que cuantifican el daño ocasionado por la presunta labor ilícita de Álvarez. Hazte Oír propone a la Abogacía del Estado que emprenda acciones legales y reclame 364.000 euros a Gómez si la condenan por este frente, pero esto es el sueldo íntegro que percibió la asesora por el conjunto de su trabajo durante siete años -entre 2018 y 2025-, y no solo el correspondiente al tiempo que, presuntamente, dedicó a…

Fuente original: elplural.com