Alvise pierde el pulso por sus criptomonedas y el Supremo determina que la investigación continuará

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha desestimado el recurso presentado por el eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez contra varias de las diligencias acordadas en la investigación sobre la financiación de la campaña con la que concurrió a las elecciones europeas de 2024. En un auto con fecha del 30 de julio, el instructor avala que la Policía rastree los monederos virtuales de criptomonedas vinculados al caso y mantiene los requerimientos de información dirigidos tanto al partido Se Acabó la Fiesta (SALF) como al Tribunal de Cuentas. Las diligencias fueron solicitadas por el PSOE, personado en la causa como acusación popular, y están relacionadas con los 100.000 euros en efectivo que Alvise recibió de Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas, pocas semanas antes de que se celebraran las elecciones europeas en las que SALF obtuvo representación. El juez considera que las actuaciones acordadas son necesarias para avanzar en la investigación y sostiene que se ajustan al objeto de la causa, para la que el Parlamento Europeo retiró el pasado mes de mayo la inmunidad parlamentaria de Alvise. Una de las principales pretensiones de la defensa del ultraderechista era impedir el rastreo de tres monederos de criptomonedas creados por Romillo, y sus abogados argumentaban que el eurodiputado nunca tuvo en su poder la llamada «frase semilla», la clave que permite acceder a los fondos, por lo que, a su juicio, no podía considerarse titular, poseedor ni disponer de esos activos. El Supremo, no obstante, ha rechazado este argumento y considera que el análisis de los monederos constituye una diligencia necesaria para esclarecer los hechos investigados. Nuevas diligencias de la investigación La investigación trata de determinar si parte de los recursos utilizados durante la campaña europea de 2024 pudieron proceder de fuentes que no fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas. Entre las conversaciones mantenidas antes de los comicios, Alvise habría trasladado a Romillo, alevosamente, la necesidad de disponer de «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas» para afrontar gastos relacionados con mítines, publicidad y otros actos electorales. Romillo, además, está investigado en la causa y también en otro procedimiento relacionado con una presunta estafa mediante criptomonedas. Además del rastreo de los monederos, el instructor ha reclamado al representante legal de SALF diversa documentación contable de la formación. Entre ella figuran los libros de tesorería, balances, inventarios, cuentas de ingresos y gastos, movimientos bancarios, operaciones de capital y los justificantes correspondientes a los pagos realizados durante la campaña de las elecciones europeas. El Supremo también ha solicitado al Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización y la documentación presentada por la formación política en relación con aquellos comicios. El magistrado sostiene que las tres diligencias están relacionadas con el objeto de la investigación y con los términos en los que la Eurocámara autorizó que Alvise pueda ser investigado judicialmente. Los 100.000 euros de Romillo, en el punto de mira La causa gira en buena medida alrededor de los 100.000 euros que Alvise recibió en efectivo de…

Fuente original: elplural.com