La vía legal y la Constitución, los recursos del Ministerio y asociaciones culturales ante el veto "ideológico" de Vox y PP al cine

Desde que se conformaron los pactos de gobiernos de coalición municipales y autonómicos tras las elecciones de 2023, el Partido Popular y Vox impulsaron en distintos puntos del país diversas medidas a nivel cultural que pasaron por cancelar proyecciones de películas a obras de teatro. Un escenario que, ni mucho menos, ha quedado atrás con el paso del tiempo, teniendo su ejemplo más reciente en Castilla y León. La Consejería de Cultura del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, a cargo de José Alberto Díaz Pico (Vox), emitió esta semana una Orden con la que plantea vetar películas y otros proyectos audiovisuales que «impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyen a opciones políticas concretas» en materia de financiación de producción y distribución de largometrajes y pilotos de series. Aunque la orden de la dirección de Vox en Cultura no especifica en su texto a qué se refiere con «adoctrinamiento ideológico», sí que suscriben que los contenidos deben basarse en «el respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general». Del Ministerio de Cultura a asociaciones del sector: las vías a explorar para frenar la censura Un anuncio que se ha terminado extrapolando al conjunto del país, generando reacciones en contra que superan el ámbito meramente político. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, avanzó esta semana que recurrirá a los tribunales la orden emitida por el Gobierno de PP y Vox por «tratar de condicionar las ayudas que se dan a la creación» por ser «una forma de censurar» que no tolerará. «Quiero ser muy firme y tengo un mensaje muy claro para el gobierno de Castilla y León, para el PP y para Vox: no lo pienso tolerar mientras yo sea ministro de Cultura», dejó en claro este miércoles. Tras estudiar las órdenes de Cultura de la Junta autonómica, el Ministerio sostiene que existen indicios de «afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad». Cultura o censura. Esto también es lo que nos jugamos el 29N. [image or embed] — Ernest Urtasun (@ernesturtasun.bsky.social) 21 de octubre de 2026 a las 16:46 Y es que la polémica, debido a su calado social y de libertad de expresión artística, se ha extrapolado a asociaciones culturales como son la Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la delegación de CIMA Mujeres Cineastas han expuesto su «profunda preocupación» por este ya conocido «adoctrinamiento ideológico». Según recogió esta semana Cadena Ser, el colectivo sostiene que el mero hecho de recoger las palabras «adoctrinamiento ideológico» en la Orden de la Junta vulnera lo suscrito en la Constitución Española, así como la Ley General de Subvenciones y la propia Ley del Cine, ambas estatales, al no respetar los fundamentos de la libertad de expresión y la artística, también de transparencia e igualdad. Añaden así que la dotación económica para este ámbito es de las más reducidas del país con 325.000 euros, situando como ejemplo de comparación lo que se destina en Cataluña, con más…

Fuente original: elplural.com