La Audiencia Provincial decidirá en octubre el futuro penal de Gonzalo Durán

El calendario judicial de Vilanova de Arousa arranca el curso con una cita decisiva en el horizonte penal. El regidor del Concello, Gonzalo Durán (PPdeG), afronta semanas decisivas para su supervivencia política e institucional. Tras el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa, que acordó la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado al estimar indicios suficientes, claros y sólidos de delito, la defensa del alcalde Gonzalo Durán Hermida (PPdeG) ha interpuesto un recurso de apelación. El asunto se encuentra formalmente en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Sala ha designado como ponente a la magistrada María Cristina Navares Villar y ha señalado el 13 de octubre de 2026 para la deliberación, votación y fallo del recurso. Ese día se sabrá si la Audiencia ratifica el auto de la jueza instructora y envía al barón del PP directo al banquillo por lo penal o si concede una bolsa de oxígeno al regidor y decreta el sobreseimiento. El recurso presentado por Durán busca revocar la resolución del juzgado de instancia y lograr el archivo libre de la causa. Para ello, el entorno del alcalde confía en la conocida tendencia jurisprudencial de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra. La maniobra de la defensa y el historial garantista de Pontevedra El historial de esta sala en la revisión de causas penales contra dirigentes y regidores del PPdeG configura un escenario recurrente, y optimista para aquellos que parecen tener todo perdido, porque aunque los indicios en la instrucción y pruebas, en el caso de apertura de juicio oral, sean claras y sólidas, siempre se puede obrar «el milagro» y que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra te acabe absolviendo, archivando la causa, dando carpetazo al asunto. Así de justa es la justicia… A los ejemplos me remito. Procesos incoados contra alcaldes populares (PPdeG) como Jorge Cubela (Cerdedo-Cotobade), Nelson Santos (O Porriño), María Ramallo (Marín) o Telmo Martín (Sanxenxo) se cerraron en la instancia provincial mediante sobreseimientos o absoluciones. La Sala aplicó en esos casos un estricto filtro de tipicidad penal, bajo el principio de ultima ratio, archivando o absolviendo, y concluyendo que los hechos discutidos debían dirimirse en la vía contencioso-administrativa y no mediante el castigo penal. Cuando se critica que una sala aplica un «rígido filtro de ultima ratio», se refiere a que el tribunal eleva tanto el listón para considerar algo como delito que prácticamente nada llega a ser sancionado penalmente. Bajo esta interpretación tan garantista para el investigado, casi cualquier irregularidad —por grave que sea la instrucción de la jueza o por contundentes que sean los indicios— acaba siendo excusada como un «simple error o desacuerdo administrativo», archivando la causa penal y dejando la conducta sin castigo. Gonzalo Durán confía en este precedente jurisprudencial para salvarse del banquillo, mientras que las acusaciones confían en la solidez…

Fuente original: elplural.com