El dinero público de los grandes ayuntamientos de Madrid, en riesgo de caer en mal uso por falta de control suficiente

Los grandes ayuntamientos de Madrid afrontan una carencia de medios que limita su capacidad para controlar y fiscalizar internamente el uso del dinero público. Esta es la denuncia que realizan los interventores de los consistorios, según la información recabada por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. El diagnóstico afecta a municipios de todos los tamaños, ya que el 82,1% de los órganos de intervención que remitieron datos al fiscalizador asegura no disponer de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer sus funciones. De ellos, el 72,8% trasladó además esta circunstancia al pleno municipal. La situación de los municipios de más de 100.000 y 200.000 habitantes (como serían, por ejemplo, Móstoles, Alcalá de Henares, Alcorcón o Leganés) contrasta con la de Madrid capital, único gran ayuntamiento que declara contar con medios suficientes para desarrollar plenamente estas tareas de control. En el resto, las carencias tienen consecuencias concretas. El Ayuntamiento de Pinto, por ejemplo, reconoce que su personal es «escasísimo» y que no ha aumentado en dos décadas, pese a que los trabajos se han más que duplicado y el presupuesto municipal prácticamente se ha multiplicado por dos, además de incorporar la gestión de los fondos europeos Next Generation. La falta de efectivos llevó a Pinto a no remitir en plazo a la Cámara de Cuentas la información de control interno correspondiente a 2023 y 2024. El consistorio atribuyó el retraso a la insuficiencia de recursos humanos en el área de intervención. No se trata, sin embargo, de un caso aislado. En 2025, solo el 49,1% de los órganos que aportaron información elaboró el informe anual de control interno. El porcentaje cae al 22,3% en el caso de los planes anuales de control financiero y al 11,6% cuando se trata de planes de acción destinados a corregir deficiencias. El problema se hace especialmente visible en algunos de los municipios más poblados. Sin contar Madrid capital, las unidades de intervención tienen una media de cinco integrantes, pero casi una de cada cinco plazas estaba vacante al recabarse los datos. Entre ellos, por ejemplo, Leganés, con 195.734 habitantes, disponía de 11 puestos, de los que solo seis estaban ocupados. En Getafe, con 193.238 habitantes, había nueve ocupados de un total de 14, mientras que Pozuelo de Alarcón contaba con cuatro personas para nueve plazas. Ante este escenario, la Cámara de Cuentas reclama reforzar los órganos de control interno, tanto con funcionarios de habilitación nacional como con personal de apoyo. El organismo fiscalizador subraya que es necesario garantizar su independencia, capacidad técnica y efectividad para que puedan fiscalizar correctamente las cuentas y decisiones municipales. Además, recuerda que la legislación permite recurrir a convenios con la Intervención General de la Administración del Estado como mecanismo de apoyo y asistencia a las corporaciones locales. El interventor, el filtro que vigila cómo gastan los ayuntamientos el dinero público Los interventores municipales son una de las principales barreras de control frente a un uso irregular de los fondos públicos. Su función no consiste en decidir qué…

Fuente original: elplural.com