La cifra oficial de menores migrantes tutelados baja a niveles de 2024: el reparto no trajo el "efecto llamada" que decían PP y VOX
España acoge a 13.964 menores extranjeros no acompañados, según el registro oficial. Los datos, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, apuntan a un descenso en las llegadas en los últimos meses, tras la tramitación de la reubicación de 2.000 chavales
La caída de las llegadas irregulares de migrantes a España y Europa desmonta el discurso alarmista de PP y Vox
Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.
En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.
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[Gráfico: Raúl Sánchez]
Aplicación de los traslados
En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.
Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.
Causas del descenso
La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.
No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el ‘efecto llamada’ defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.
Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex.
La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.
El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.
Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.
Un registro cuestionado
Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.
El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.
El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.
El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.
