El PP suma el "mercado negro" a sus excusas para boicotear la regularización de migrantes

El Partido Popular ha añadido un nuevo argumento a su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno: la existencia de un supuesto «mercado negro» de citas, empadronamientos y trámites administrativos. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige paralizar el proceso, al que acusa de haber abierto la puerta a redes informales que se aprovechan de la necesidad de miles de personas en situación administrativa vulnerable. La iniciativa parlamentaria sostiene que la falta de previsión del Ejecutivo ha derivado en un escenario de colapso, con largas colas en ayuntamientos, consulados y oficinas públicas. A partir de ahí, el PP construye un relato en el que vincula la regularización con la aparición de intermediarios que cobran por facilitar empadronamientos, reservar citas o agilizar gestiones que deberían ser gratuitas y accesibles para cualquier ciudadano. Entre los ejemplos que esgrimen los populares figuran pagos de 350 euros por conseguir un empadronamiento o de hasta 600 euros por acceder a una cita previa. Para el principal partido de la oposición, estos casos demostrarían que el procedimiento diseñado por el Gobierno ha convertido «los derechos básicos» en un privilegio de pago para quienes no pueden esperar o no tienen medios para sortear la burocracia. Del «efecto llamada» al supuesto colapso El argumento del «mercado negro» no aparece de forma aislada. Se suma a una larga lista de reproches con los que el PP ha tratado de desgastar la regularización desde que el Gobierno decidió activar la medida. Primero fue el «efecto llamada», una de las fórmulas más recurrentes de la derecha en materia migratoria. Feijóo ha acusado al Ejecutivo de incentivar nuevas llegadas al trasladar, según su tesis, la idea de que la irregularidad puede terminar siendo recompensada. A esa idea se ha añadido otra: el supuesto desbordamiento de los servicios públicos. El PP ha advertido de que la regularización puede tensar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención municipal, especialmente en ayuntamientos que, según los populares, no han recibido medios suficientes para afrontar el incremento de trámites. Bajo ese enfoque, la formación conservadora intenta presentar la regularización no como una respuesta a una realidad ya existente, sino como una amenaza añadida para administraciones que llevan años funcionando con recursos limitados. El partido también ha utilizado el argumento de la seguridad. En el Congreso, el Senado y distintos debates públicos, los populares han insistido en que el proceso no puede beneficiar a personas con antecedentes penales y han tratado de vincular la regularización con la lucha contra la multirreincidencia. Esta línea discursiva desplaza el centro del debate desde los derechos laborales, la integración o la economía sumergida hacia una asociación entre inmigración irregular y delincuencia que la derecha viene explotando cada vez con más intensidad. Junto a ello, el PP ha llevado el asunto al plano europeo. La delegación popular ha denunciado en Bruselas que una regularización «masiva» tendría consecuencias para el conjunto de la…