La Generalitat Valenciana aprueba este miércoles los primeros presupuestos que incluyen la "prioridad nacional" de Vox

El Partido Popular se está plegando a las exigencias de Vox en aquellas autonomías en las que los acuerdos con la extrema derecha son fundamentales para alcanzar la presidencia, a saber Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. El caso de la Comunidad Valenciana pasa por sus presupuestos, que suponen la primera vez en la que la «prioridad nacional» de los de Santiago Abascal se asienta sobre una ley. Se trata de una situación que no se había dado hasta entonces pues, si bien en las autonomías anteriormente mencionadas los respectivos líderes políticos ‘populares’ han tenido que ceder vicepresidencias y consejerías, y el concepto adoptado por Vox, éste último nunca se había plasmado en un documento, como sí ocurre ahora. La formación de Santiago Abascal bebe de esa necesidad del PP y saca pecho en la región valenciana de que en este territorio se incluya su «prioridad nacional», algo que la derecha tradicional ha insistido en negar reiteradamente, pero a lo que finalmente ha tenido que ceder. «No se puede recoger». Esta frase la llegó a pronunciar el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira. Solo ha hecho falta un poco de tiempo para quitarle la razón. Preocupación entre la población migrante El PP ha hecho lo posible por suavizar el concepto que tanta polémica ha generado, pero al final ha tenido que aceptarlo. El partido de Alberto Núñez Feijóo habla de arraigo y, tras el pacto de investidura en Extremadura, presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a una moción de Vox que sirvió para fijar la «prioridad nacional» como el «arraigo real, duradero y verificable» que habría que tener en cuenta a la hora de conceder ayudas sociales. En términos valencianos, el polémico concepto «procura la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana» con el objetivo de «asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante de la región». Los ejemplos que rigen el caso de la autonomía del Mediterráneo son muy diversos, pero el más claro seguramente sea el de la renta valenciana de inclusión, la prestación más importante que la Generalitat concede en materia de inclusión. PP y Vox han acordado soportar el requisito del tiempo de empadronamiento previo para acceder a la prestación. Se pasó de 12 a 15 meses, pero el objetivo de las partes es que el «arraigo» llegue hasta los tres años, lo que dificulta que las personas migrantes puedan obtener la ayuda. La oposición lamenta el acuerdo entre PP y Vox. El portavoz del PSPV en las Cortes, José Muñoz, denuncia que con estas cuentas valencianas queda claro que «hay un partido que manda y otro que obedece», y no duda en aplicar el término «apartheid» que, a su juicio, acciona la ultraderecha, con «un presidente de la Generalitat que va a ser el primero que normativiza en la asignación de los recursos públicos el concepto del racismo». Diana Morant, líder de los socialistas en…

Fuente original: elplural.com