Junts sigue la estela de la conspiración electoral que marcan PP y Vox

En las últimas semanas, la derecha española ha adoptado una forma de confrontar con el Gobierno que pasa por cuestionar el sistema electoral español. El Partido Popular y Vox tomaron la delantera sembrando dudas sobre la regularización extraordinaria, por la que más de un millón de migrantes han solicitado normalizar su situación administrativa, y por la llamada ‘ley de nietos’, acusando al Ejecutivo de querer alterar los censos y fabricar nuevos votantes. Ahora es Junts la que abre esta vía, en medio de su ruptura con Moncloa, y lanza una serie de preguntas sobre ambos procesos. Los de Carles Puigdemont van por la misma senda que emprendieron las derechas nacionales, y quieren saber cómo se va a articular el mapa electoral de los nuevos votantes en los próximos años. Ponen el foco en esos migrantes que han aprovechado el plazo abierto por el Gobierno, que finalizó el pasado 30 de junio, para conseguir su permiso de residencia y trabajo que, si bien no otorga derecho a voto en próximas elecciones, abre la posibilidad de obtener la nacionalidad cuando residan en España el tiempo suficiente. Lo mismo ocurre con la ‘ley de nietos’, que es como se ha denominado a una disposición de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Ejecutivo en 2022, que contempla el derecho a la nacionalidad a los descendientes de aquellos que la perdieron cuando huyeron a otros países de la represión durante la dictadura franquista. Los nacionalistas quieren saber cuántos de esos ‘nuevos españoles’, que sí tienen derecho a voto en determinadas circunstancias, se van a incorporar al censo electoral de Cataluña. Junts siembra la duda con el CERA Para conocer esos datos, Junts ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados que giran en torno a estas dos cuestiones, y que requieren al Gobierno que responda por escrito. Sobre esa última cuestión, la de la ‘ley de nietos’, la diputada Marta Madrenas pregunta si el Censo Electorales de Residentes Ausentes (CERA) -esto es, los españoles con derecho a voto que lo ejercen desde el extranjero- incorporará «automáticamente» el municipio que el interesado propone en su solicitud, o si es «objeto de una comprobación administrativa previa». Los independentistas quieren saber, en este último caso, qué órgano lleva a cabo esa comprobación, quién toma la decisión final de qué municipio asignar, y qué «instrucciones, circulares, protocolos, criterios internos o cualquier otro documento que regule la comprobación de la propuesta de municipio formulada por la persona interesada» existen, en cuyo caso requieren una copia. En general, piden también más datos sobre el número de solicitudes y el país de residencia de quienes las registran. Sobre la regularización Junts pregunta al Ministerio del Interior cuántas solicitudes hay, cuántas se han admitido, rechazado, y cuántas siguen pendientes; además de qué nacionalidades provienen las peticiones y cuántas hay de cada una. Piden los datos concretos sobre Cataluña y cada una de las cuatro provincias que la forman, pero también del conjunto del Estado español. Las normas…