El PP mantiene el bloqueo en el Constitucional con la intención de romper el consenso cuando pasen las elecciones

Hace ya seis meses que se debía haber renovado un tercio del pleno del Tribunal Constitucional (TC), ya que el mandato de cuatro de sus jueces expiró el pasado mes de diciembre. Sin embargo, el Partido Popular mantiene bloqueado este proceso para hacerlo servir a sus intereses, como hiciera anteriormente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En Génova utilizan su mayoría absoluta en el Senado para impedir que el órgano de garantías se renueve y romper, por primera vez en la historia, el tradicional consenso con el Partido Socialista. Ambos partidos han ido alternando mayorías progresistas y conservadoras entre los doce magistrados del Tribunal. Los mandatos se renuevan por tercios, y cada tercio dura tres años. Las cámaras de las Cortes –Senado y Congreso- eligen a cuatro jueces –un tercio- cada una, para lo cual requieren de mayoría cualificada, esto es, tres quintos o más de los parlamentarios. Los cuatro restantes los eligen los eligen entre el Gobierno de turno y el CGPJ, que nombran a dos cada uno. Esto hace que el pleno se renueve por completo, aproximadamente, cada nueve años. El bipartidismo ha permitido que, durante toda la democracia, se haya mantenido un consenso entre las fuerzas políticas para equilibrar las ideologías presentes en la mesa del Constitucional. Ahora, el PP está dispuesto a romper la baraja, para lo que está alargando la renovación de los cuatro jueces que nombra la Cámara Alta, aprovechando su mayoría absoluta allí. El PP estira la excusa del ciclo electoral La estrategia es la de alargar hasta pasadas las próximas elecciones generales el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados que ocupen el lugar del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer –ambos progresistas-, Ricardo Enríquez y José María Macías -del bloque conservador-. Su mandato, que asumieron en 2017, se cumplió el pasado 17 de diciembre, y desde entonces el PP se ha acogido siempre a la misma excusa para prorrogar la decisión en el Senado. En aquel mes, la Cámara Alta, decían, no podía abordar la renovación de los jueces porque estaban muy próximas las elecciones autonómicas de Extremadura, que se celebraron el día 21 de diciembre. A partir de ahí, el ciclo electoral que se abrió en la región permitió a los populares estirar el chicle hasta el día de hoy, aprobando prórroga tras prórroga: en febrero fueron las de Aragón, en marzo, las de Castilla y León; y en mayo tuvieron lugar los comicios en Andalucía. La última prórroga para abordar el asunto termina el próximo 15 de septiembre, pero en el PSOE ya no dudan de que la derecha encontrará alguna forma de seguir estirándolo. Así lo aseguran fuentes socialistas del Senado a Público, que señalan que el PP está esperando a que se celebren las elecciones generales, que como tarde serán el próximo verano. Sin embargo, a tenor de que Pedro Sánchez pretende presentar los presupuestos generales a las Cortes antes de que termine 2026, y al ritmo al que van las causas judiciales…