El PP enmudece tras su 'no' al blindaje del gasto en dependencia que ellos mismos reivindicaban
La reforma de la Ley de Dependencia es una de las cuestiones políticas que ha traído consigo un fuerte choque en las últimas horas entre el Gobierno y la oposición del Partido Popular. El equipo de Alberto Núñez Feijóo, junto a Vox, votó en contra este jueves en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados la modificación de la normativa, aunque la medida sí salió adelante para su próxima votación en Pleno. Sin embargo, esta negativa ha generado brechas en las filas de Génova, puesto que era una demanda sostenida en el tiempo por el propio partido y por algunas de sus comunidades autónomas en los últimos años. Pese a que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, más concretamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, ha logrado así blindar la financiación estatal en dependencia al 50%, alcanzando el objetivo de incrementar la aportación a 6.200 millones de euros a las comunidades autónomas y en aras de evitar posibles y futuros recortes del PP, los conservadores decidieron votar en contra. La hemeroteca política de los últimos años viene a reflejar que Génova no siempre se posicionó en estos términos sobre la financiación de la dependencia y, sin ir más lejos, hasta hace poco tiempo, defendía incrementarla al 50%, una meta ahora conseguida de la que se han desmarcado. Voces como la portavoz parlamentaria en la Cámara Baja, Ester Muñoz, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, venían reprochando a Sánchez no elevar la inversión estatal al 50%: «El Gobierno tiene que cumplir la promesa de cofinanciar junto a las comunidades autónomas el sistema de dependencia, el Gobierno se comprometió a soportar ese 50%», esgrimió la primera. La hemeroteca del PP retrata al propio PP Allá por abril de 2022, cuando recién Feijóo aterrizó en el mando nacional de Génova, desde el Congreso de los Diputados, impulsaron una proposición de ley para modificar la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia con la que buscaban blindar, precisamente, que el Estado cubriese el 50% de la financiación. En la exposición de motivos de los populares hace cuatro años atrás, defendían que «los años de vigencia de esta importante normativa han demostrado la carga mayoritaria del mantenimiento del sistema ha recaído en las comunidades autónomas», por lo que reprochaban al Gobierno central que «nunca ha aportado la misma cantidad que los ejecutivos autonómicos». Dos años más tarde, en 2024, los de Núñez Feijóo reclamaron desde el Senado que Moncloa cumpliese con la financiación «sin excepción». La iniciativa fue defendida por los senadores Verónica Casal y Bienvenido de Arriba: «No es de recibo que solo se comprometan con determinadas regiones apartándose del interés general por razón de una ambición personal. (…) Un Ejecutivo que se considera social debe atender al bien común, no generar desigualdades entre españoles y una desprotección sin precedentes a los más vulnerables», subrayó. No sólo desde el…
