Barones del PP asumen que tendrán que acoger menores procedentes de Ceuta pese a su rechazo

El PP lleva semanas rechazando el traslado de menores migrantes procedentes de Ceuta a la Península, también sus barones que, sin embargo, tienen claro que cumplirán con la ley, según señala este lunes El Mundo, que añade que algunas comunidades habrían transmitido incluso que buscan camas ante una posible llegada. Los diferentes gobiernos regionales asumen que estas personas terminarán en sus territorios procedentes de la ciudad autónoma mientras se solucionan los pertinentes trámites burocráticos. En público, la imagen que proyectan algunos gobiernos es que «no tienen capacidad», como es el caso de Andalucía, que utiliza esta misma expresión en declaraciones al periódico mencionado, hacia el que señalan también que el hecho de que menores de territorio ceutí acudan a distintos puntos de la península provocará que el «efecto llamada» sea mayor. En los casos de Castilla y León y Cantabria indican que el plan pasaría por aceptarlos de manera legal, pero acudir a los tribunales, a los que llevan recurriendo «desde hace un año», atendiendo a lo que deslizan fuentes castellanoleonesas que hablan de «invasión». Ese mismo término emplean en la Comunidad Valenciana, según el medio de comunicación señalado; un concepto que, en realidad, utiliza incluso el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Mientras tanto, en Murcia o Baleares deslizan que «nadie los ha llamado». Las autonomías se mueven entre la protesta, la resignación, la vía jurídica… pero si se analiza gobierno a gobierno, las regiones que tienen un problema mayor son aquellas en las que el PP gobierna con Vox y la ultraderecha tiene las competencias sobre menores extranjeros. Se trata de Extremadura, la anteriormente mencionada Castilla y León, o Aragón. Con todo, en la autonomía de María Guardiola, por ejemplo, ya se han acogido a menores migrantes durante el verano a pesar de la negativa previa a ello de Vox; y en Aragón la Fiscalía investiga el recorte de la ayuda a menores migrantes que impulsó la ultraderecha. Si no cumplen con la ley, se enfrentan a condenas penales. Negativa de Vivas La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago Ruiz, y la hasta ahora fiscal de sala Coordinadora de Menores de la FGE, Teresa Gisbert, viajaron a Ceuta el pasado 27 de agosto para intentar conocer la situación de la Fiscalía y proponer soluciones en el asunto de los menores. Las fiscales explicaron a Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma, que parte de la solución pasa por trasladar a la península a 800 niños y niñas que ya estaban en el lugar antes de la crisis migratoria y que pueden ser trasladados por la contingencia migratoria de antes del 30 de julio, ya que dicho traslado descongestionaría en gran medida los centros habilitados en Ceuta para atender a estos menores. Sin embargo, ElPlural.com ha podido saber que es el propio Vivas quien torpedea la situación. Según fuentes conocedoras de la reunión, Vivas se dedicó a entorpecer el traslado de estas personas y «se negaba a devolverlos», emplazando a «reformar…

Fuente original: elplural.com